Vega destaca la apuesta de la Comunidad Andaluza por el sostenimiento de este derecho, que en este municipio alcanza los 160.000 euros
La Junta de Andalucía realiza 52 prestaciones a personas dependientes en el municipio jiennense de Villarrodrigo, al que aporta cerca de 160.000 euros por todos los servicios y prestaciones derivados de la Ley de Dependencia. Así lo ha destacado durante el encuentro celebrado junto a su alcalde, José Ángel Olivas, en el que han visitado diversas dependencias sociales, y en el que ha enfatizado que este derecho permite acercar la calidad de vida a personas mayores, fomentar y mantener el empleo en pequeños municipios.
En este sentido, la delegada territorial ha valorado “la trascendente implicación de la Junta de Andalucía en el sostenimiento del Estado del Bienestar, especialmente importante en los pequeños municipios, donde los servicios sociales y la ayuda a las personas dependientes son el pilar sobre el que se vertebra la calidad de vida rural”, ha definido Vega.
Así, en Villarrodrigo 84 personas han sido valoradas según su grado de dependencia, mientras que, en la actualidad, 36 personas son beneficiarias de la implementación de esta Ley, con un total de 52 prestaciones. En cuanto a ayuda a domicilio, son 19 las personas beneficiarias.
“La población mayor es una prioridad absoluta, ya que el envejecimiento rural requiere la especial atención a estas personas”, ha señalado Vega. Así, 13 personas están percibiendo prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar y 27 son beneficiarios de teleasistencia. En cuanto al Decreto-Ley de medidas Extraordinarias y Urgentes para la lucha contra la inclusión social, la aportación para el pasado año ascendió a 12.094 euros en ayuda a la contratación y 4.000 euros en el programa extraordinario de suministros mínimos vitales y prestaciones de urgencia social.
“La Junta es la administración garante de estos derechos, que permiten prestar asistencia a la población más vulnerable, especialmente sensible en situaciones como las que atraviesan ahora muchas familias”, ha incidido Vega. Igualmente, ha destacado que la Junta de Andalucía está sosteniendo este sistema a pesar de los recortes llevados a cabo por la Administración central,“ que han supuesto que Andalucía deje de recibir 508 millones de euros desde 2012” y que financie el 78% de la inversión total asociada a esta prestación, “en contra del compromiso de cofinanciación al 50% que recoge la propia ley de Dependencia”.
Pacto de Estado
El Consejo de Gobierno acordó recientemente proponer al Gobierno de España un Pacto de Estado en defensa del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia. La propuesta, que recoge ocho ejes para promover y desarrollar medidas de consenso en esta materia, también se dirige a las diferentes fuerzas políticas, colectivos y agentes sociales, organizaciones sindicales y empresariales, colegios profesionales y otras entidades representativas.
Los ocho ejes se centran en replantear el modelo de financiación del sistema a través de su debate en el Consejo de Política Fiscal y Financiera; el impulso de servicios de calidad profesionalizados y la reactivación del sector sin detrimento del derecho de las personas a mantenerse en su propio entorno familiar; asegurar la responsabilidad pública en el sistema mediante la gestión directa de todo el proceso de valoración, prescripción e inspección; realizar un nuevo baremo de valoración más preciso e idóneo; simplificar y agilizar los procedimientos en sus distintas fases, de manera que el plazo total no supere los seis meses; mejorar los mecanismos de participación y la coordinación de los servicios sociales y los sanitarios, y asegurar que cualquier reforma sustancial del sistema se lleve a cabo con todas las garantías democráticas y no mediante fórmulas excepcionales que eviten su debate en el Congreso de los Diputados.
Mientras se materializa este Pacto de Estado y se ponen en marcha sus contenidos, la Junta de Andalucía ha planteado al Gobierno adoptar medidas urgentes para evitar el deterioro del sistema. Entre ellas, que la Administración central vuelva a financiar el 50% del coste total, tal y como marca la ley estatal en vigor, frente a la actual aportación que se ha reducido al 22%. Asimismo, se propone reponer la inclusión en la Seguridad Social de las personas cuidadoras familiares y no profesionales (mujeres en un 94%), que fue suprimida por un real decreto en el año 2012.
